Fundación de Estudios Financieros
Miguel Fernández Ordóñez
Gobernador del Banco de España
01.12.2011

La crisis que todavía perdura ha llevado a  adoptar un amplio conjunto de medidas en el ámbito financiero  a  nivel  global,  europeo  y  nacional.  La  respuesta  global  ha  contado  con  el  impulso político  al  más  alto  nivel  del  G-20  y  en  su  desarrollo  ha  jugado  un  papel  clave  el  Consejo  de
Estabilidad Financiera (FSB), que ha coordinado el trabajo de numerosas instituciones y comités internacionales  En  Europa,  además  de  haber  implantado  a  nivel  continental  esos  acuerdos globales,  se  han  adoptado  otras  iniciativas  de  interés  como,  por  ejemplo,  los  cambios  en  la
arquitectura supervisora supranacional. Finalmente, en lo que se refiere a España, tanto el Banco de  España  como  el  Ministerio  de  Economía  han  contribuido  con  muchas  horas  de  trabajo  al desarrollo  de  todas  estas  iniciativas  globales  y  europeas,  pero  quizá  a  la  hora  de  destacar  algo singular a nivel español habría que mencionar la reestructuración de nuestro sistema financiero.

Hoy voy a ahorrarles mis valoraciones sobre los numerosos y sustanciales avances emanados de los distintos foros durante estos años, porque los autores del libro dan buena cuenta de ello y, si repitiera  lo  que  dicen,  alguno  podría  excusar  su  lectura,  cuando  mi  papel  en  este  acto  es estimularles a ella. Por eso he preferido compartir con ustedes algunas reflexiones generales de quien  ha  tenido  la  ocasión  de  haber  vivido  esta  crisis  desde  la  cúpula  del  FSB,  el  Consejo  de Gobierno del BCE y el Banco de España. Además, dada la relevancia del momento en que nos encontramos, añadiré otras reflexiones sobre qué debemos hacer los españoles para salir de una crisis en la que, después de cuatro años, todavía nos encontramos inmersos.

Mi primera sugerencia es que dejemos de hablar en singular de “la crisis” y pasemos a hablar de “las  crisis”.  Porque  en  efecto,  el  profundo  “shock”  que  han  sufrido  la  economía  española  y  su sistema bancario no ha venido causado por una sola crisis, sino por la extraordinaria acumulación en  el  tiempo  de  tres  crisis  económico-financieras.  Esta  coyuntura  no  se  había  dado  nunca  en nuestra historia y le otorga un carácter único que es recomendable tener en mente de continuo, para no equivocarse a la hora de elegir las mejores terapias de salida. La primera de las tres crisis, la  denominada  crisis  financiera  internacional,  sorprendió  a  España  con  un  sistema  bancario centrado  en  el  negocio  minorista  tradicional  y  razonablemente  bien  supervisado  pero,  como  se advirtió  en  su  momento,  ni  la  economía  ni  sus  entidades  de  crédito  resultarían  inmunes  a  sus consecuencias,  en  especial  a  la  recesión  mundial  y  al  cierre  de  los  mecanismos  habituales  de financiación externa. La segunda crisis es una crisis típicamente española, asociada a los excesos en el sector inmobiliario, el endeudamiento del sector privado y el deterioro de la competitividad, crisis que en principio parecería ser una vieja conocida por estos pagos. No obstante, esta vez los desequilibrios emergieron  dentro de una unión monetaria, lo que ha convertido en inútiles muchos de  los instrumentos utilizados en el pasado para superar otras crisis aparentemente similares. La
tercera crisis es la de la Eurozona, cuyo signo más visible, pero no único, ha sido la crisis de la deuda soberana, que ha afectado a España con singular contundencia. La sacudida resultante del impacto  conjunto  de  estas  tres  crisis  dibuja  un  escenario  extraordinariamente  complejo  con múltiples  e  inéditas  interacciones,  lo  que  aconseja  abandonar  la  pereza  intelectual  y  obliga  a
innovar a la hora de gestionar su salida, pues, como digo, muchas de las soluciones empleadas en el pasado no solo no están disponibles, o son inútiles, sino que incluso, debido a sus efectos colaterales, podrían llegar a ser nocivas.
Intentaré ahora atraer su atención a las respuestas que provoca toda crisis, porque como es de sobra  sabido,  las  crisis,  que  tantas  tragedias  personales  acarrean,  pueden  acabar  teniendo efectos benéficos  en los países que las sufren si se  reacciona adecuadamente a las mismas.  Y empecemos observando cómo toda crisis suele generar no solo una respuesta sino tres tipos de
respuestas. La primera reacción lleva a diseñar y adoptar medidas cuyo objetivo es prevenir que una crisis similar se vuelva a repetir. La segunda respuesta a la crisis nos empuja a dotarnos de nuevas  herramientas  que  mitiguen  los  efectos  de  futuras  crisis,  porque  la  experiencia  nos  dice que, aun suponiendo que se adopten todas las medidas preventivas hoy imaginables, nunca será posible  acabar  para  siempre  con  las  crisis  económicas.  La  tercera  respuesta  que  impone  una crisis no tiene que ver con prevenir o dotarse de instrumentos para gestionar las crisis futuras, sino con  acertar  a    gestionar  la  crisis  actual,  de  la  que,  no  dejo  de  recordarles,  todavía  no  hemos
salido.

Hago  esta  distinción  entre  los  tres  tipos  de  respuesta  que  siempre  provoca  cualquier  crisis económica para que se entiendan mejor mis siguientes reflexiones. En primer lugar, pienso que la mayor  parte  de  los  ingentes  esfuerzos  desplegados  hasta  el  momento  a  nivel  global  y  europeo
como respuesta a la crisis se han concentrado en evitar o mitigar crisis venideras y sin embargo se ha  empleado  mucho  menos  tiempo  e  imaginación  en  diseñar  y  acordar  medidas  para  salir  de donde estamos. Estoy seguro de que ahora estamos mucho mejor preparados para evitar que se repita una crisis como la actual, pero el problema es que todavía no sabemos bien cómo salir de
esta. Además, hay una segunda razón para subrayar ante ustedes la diferencia entre los tres tipos de respuestas y es que, tanto las medidas que buscan prevenir que se vuelva a repetir una crisis similar,  como  aquellas  otras  que  pretenden  aumentar la  futura  resistencia  del  sistema  financiero
suelen  servir  de  muy  poco  para  resolver  los  problemas  que  afectan  a  las  economías  y  a  los sistemas  financieros  en  el  corto  plazo,  o  sea,  ahora.  Es  natural  que  las  autoridades  quieran “vender”  las  decisiones  que  están  adoptando.  Pero  nadie  debería  confundirse  pensando  que  la
aplicación inmediata de las medidas orientadas a prevenir las crisis futuras o mitigar su intensidad bastará para resolver nuestros problemas de corto plazo.
Si  analizamos  los  temas  abordados  en  las  agendas  del  FSB  o  de  la  Comisión  Europea, comprobaremos que, hasta hace bien poco, la mayoría de los avances se han centrado  en evitar que se vuelva a repetir una crisis como la actual, que ha afectado de forma generalizada al sistema financiero y, para el caso de que se produzca una nueva crisis, dotar al sistema financiero –a las
entidades y a las autoridades- de mecanismos de resolución que mitiguen sus efectos negativos.

En el ámbito puro de la gestión de las crisis futuras, si bien ha habido importantes esfuerzos para avanzar hacia esquemas de resolución de crisis más efectivos, lo cierto es que la  mayoría de sus prescripciones   requieren   tiempo   para   su   implantación   efectiva,   por   lo   que   no   pueden aprovecharse para la gestión de la actual crisis.

Volviendo  a la gestión de la crisis de  la deuda soberana en la eurozona, es  evidente que se ha avanzado mucho en la reforma de la gobernanza europea, de tal forma que a partir de ahora se contará  con  instrumentos  que  harán  muy  improbable  que  vuelva  a  emerger  una  crisis  como  la actual y sin duda este trabajo es muy útil y muy importante para el futuro. Si hubiéramos contado
con  esos  instrumentos  desde  el  principio  de  la  Unión  Monetaria,  seguramente  no  hubiera explosionado la actual crisis de la eurozona, puesto que no se hubieran alcanzado los niveles de divergencia en términos de competitividad, endeudamiento excesivo o déficits públicos entre sus
miembros  que  ahora  estamos  tratando  de  corregir.  Pero  todos  estos  avances  tienen  una repercusión muy limitada sobre nuestro problema más inmediato, que es el de gestionar la crisis en  la  que  estamos  inmersos,  y  lo  que  me  importa  subrayar,  es  que  esta  tarea  requiere  de
herramientas muy distintas de las que se necesitan para evitar que este tipo de divergencias se reproduzcan en el futuro. Un año y medio después de que estallara la crisis de la deuda soberana contamos con mecanismos robustos para prevenir y sancionar futuros desequilibrios, que incluso se podrían reforzar aún más si finalmente se atienden las mejoras que proponemos desde el BCE
o algunas de las  sugerencias del gobierno alemán, pero todavía no hemos conseguido activar los mecanismos  adecuados  para  detener  la  dinámica  en  la  que  están  inmersos  actualmente  los mercados.

Otro  ejemplo  de  planteamientos  razonables  en  la  regulación  financiera  pero  que  pueden  ser inadecuados para salir de la crisis actual es el  tratamiento de lo que en inglés se denomina “moral hazard”  (“riesgo  moral“),  el  incentivo  perverso  que  induce  a  los  agentes  a  seguir  conductas inadecuadas y arriesgadas porque suponen que no van a pagar susconsecuencias. Se sabe que
bancos  y  países  se  comportan  imprudentemente  cuando  piensan  que  serán  rescatados,  que otros pagarán las consecuencias de sus conductas.  Hay un amplio acuerdo en  que tanto en la regulación del negocio bancario como en el tratamiento de la deuda soberana, hay que introducir elementos  que reduzcan  al  máximo  ese  “moral  hazard”,  que  deben  estar  previstos  castigos  lo
suficientemente  disuasorios  para  que  tanto  las  entidades  bancarias  como  los  países  estén interesados en actuar correctamente. Y de hecho, buena parte del trabajo que hemos realizado para el futuro, y en especial el cambio en los regímenes de resolución, va destinado a evitar estos comportamientos irresponsables.

Sin embargo, en  la situación en la que nos  encontramos ahora, la estrategia de castigar  con la quiebra  a  quien  “haya  actuado  mal”  o  a  quien  “haya  prestado  mal”  puede  tener  efectos secundarios  indeseados  de  gran  alcance  tanto  en  el  sector  bancario  como  en  el  ámbito  de  la deuda  soberana.  Por  una  parte,  la  quiebra  desordenada  de  una  entidad  puede  repercutir  muy
negativamente sobre el conjunto del sistema bancario nacional o, incluso, europeo. Por otra parte, el impago de un país miembro de la Unión Monetaria puede producir un efecto de arrastre muy considerable   sobre   el   resto   de   los   riesgos   soberanos.   No   es   razonable   ignorar   estas externalidades a la hora de calibrar el verdadero alcance de este planteamiento “moral”.
Estos   años   de   crisis   nos   han   proporcionado   dos   ejemplos   paladinos   de   las   negativas consecuencias  de  aplicar  una  visión  “moral”  a  la  solución  de  los  problemas  en  un  momento inadecuado, es decir, no antes de que ocurran –lo que tiene todo el sentido- sino durante la crisis.
 
Un ejemplo fue cuando la autoridad de un país europeo sugirió que dejaría quebrar un banco por haberse   equivocado   en   su   gestión.  Inteligentemente   se   cambió   rápidamente   de   opinión demostrando  que  la  sabiduría  no  significa  no  equivocarse  nunca  sino  reconocer  a  tiempo  los errores.  Peores  consecuencias  ha  tenido  otro  ejemplo  de  tratamiento  a  destiempo  del  “moral hazard”; me refiero a la desafortunada reacción inicial a la crisis de la deuda soberana en el área del  euro.  Como  hemos  repetido  muchas  veces  desde  el  Banco  Central  Europeo,  quizás  no  se tuvieron  suficientemente  en  cuenta  las  consecuencias  negativas  de  admitir  abiertamente  la
posibilidad de impago de la deuda soberana de uno de los países de la zona del euro, e incluso de exigir el “default” como pieza obligatoria en un programa de  rescate, factores que seguramente han contribuido de forma importante a que la crisis de la eurozona haya alcanzado su dimensión actual.

Pero no nos confundamos: evitar  los costes asociados a  la quiebra o impago de bancos y países es perfectamente compatible con el establecimiento de rigurosos criterios de  “condicionalidad” a la hora de conceder ayudas para resolver las crisis. Evitar las quiebras en determinados casos no significa  ser  “blandos”  con  los    bancos  o  países  que  asumieron  demasiados  riesgos  o  se endeudaron  excesivamente.  Solo  se  debe  ayudar  a  países  o  entidades  de  crédito  a  cambio  de exigentes condiciones. Y ello no solo por razones morales – nunca ayudar a quien no se ayuda –, sino   fundamentalmente   porque   para   volver   a   vivir   “sin   muletas”   es   necesario   acometer reestructuraciones y reformas de calado. La experiencia del FMI es muy ilustrativa en cuanto a la
importancia de exigir estrictos criterios de condicionalidad para que tengan éxito los programas de ayuda.

Otro error bastante común es el de creer que las soluciones de gestión de crisis deben ser iguales en todos los lugares y en todos los momentos. Antes de aplicar medidas uniformes debe tenerse en  cuenta  que  los  países  pueden  diferir  en  sus  problemas,  sus  legislaciones  y  su  estructura institucional.  De  la  misma  manera,  la  sabia  actitud  de  aprender  del  pasado  puede  tener  una
utilidad limitada a  la hora de enseñarnos cómo  actuar ante una crisis  como  la actual. Como he ilustrado al hablar del caso español, las crisis actuales pueden generar una patología muy diversa de  las  del  pasado,  lo  que  obliga  a  buscar  soluciones  nuevas,  adaptadas  a  los  problemas  del presente.

En este sentido, es importante hacer compatible una respuesta a la crisis coherente y coordinada a nivel internacional con una adaptación razonable a las situaciones específicas de cada país. Por ejemplo,  no  es  lo  mismo  tratar  una  crisis  bancaria  en  un  país  donde  han  quedado  afectadas seriamente las grandes instituciones de importancia sistémica y donde por tanto se necesita una
reacción  rápida,  aportando  todas  las  ayudas  públicas  que  sean  necesarias  para  evitar  las consecuencias  nefastas  que su  caída  podría  tener  sobre  el  sector  bancario  y  el  conjunto  de  la economía, que en otro país donde los problemas están acotados en instituciones menores, cuyo
destino final no debe ser el de sobrevivir para evitar una grave interrupción del flujo de crédito, sino el de desaparecer cuanto antes de la forma menos costosa posible.

En  efecto,  algunas  de  las  principales  economías  desarrolladas  vieron,  al  inicio  de  la  crisis financiera, cómo varias de sus principales entidades financieras se desplomaban, porque además de  un  deterioro  súbito  del  valor  de  sus  activos,  sufrieron  la  desaparición  de  unos  canales  de financiación a corto plazo de los que dependían enormemente. Ante este escenario, la reacción
lógica  y  seguramente  inevitable  fue  la  de  inyectar  con  rapidez  cantidades  ingentes  de  dinero público. Sin embargo, en el caso español, existía un exceso de capacidad agregado en el sector y los problemas se centraban entonces en un grupo de entidades de tamaño pequeño o mediano y con una estructura de financiación a un plazo razonablemente largo. Por todo ello, la conveniencia
de destinar fondos públicos a esas entidades de forma inmediata era mucho menos evidente. Por una  parte,  no  es  de  extrañar  que  las  entidades  con  problemas  soliciten  ayudas  públicas,  a  ser posible  sin  condiciones.  Pero  la  misión  de  las  autoridades  es  velar  por  el  interés  general,
estableciendo  condiciones  para  estas  ayudas  que  aseguren  el  ajuste  y  la  reestructuración  del sector y la creación de nuevas entidades más fuertes y mejor gestionadas, con tamaño suficiente para  acceder  a  la  financiación  mayorista  que  les  permita  canalizar  adecuadamente  los  flujos  de financiación hacia la economía en su conjunto.

En  sentido  contrario,  no  es  extraño  que  aquellas  entidades  que  están  en  mejor  situación demanden  una  liquidación  rápida  de  las  entidades  con  problemas.  Sin  embargo,  como  bien  se explica  en  uno  de  los  artículos  del  libro  que  se  presenta  hoy,  los procesos  de  liquidación  de
entidades  pueden  acarrear  costes  enormes  para  los  contribuyentes,  que  es  obligado  relacionar con los indudables beneficios de reducir el tiempo de la reestructuración. Además, en la medida que  esos  costes  pudieran  afectar  al riesgo  soberano,  el  remedio  podría  resultar  peor  que  la
enfermedad.

Pero pasemos a hablar del presente, de lo que debemos hacer ahora. Es obvio que no sólo no hemos salido de la crisis, sino que la información que vamos conociendo muestra que es posible que ésta vuelva a agravarse en los próximos meses. Y la salida dependerá de cómo se reaccione en el frente nacional, el europeo y el global. En estos momentos la clave para nuestro futuro se
sitúa en la capacidad de las instituciones europeas, el Consejo Europeo, el Eurogrupo y el BCE, así como de los gobiernos nacionales, para actuar de manera conjunta, cada uno en su ámbito de responsabilidad,  con  un  mismo  y  compartido  objetivo:  detener  la  peligrosa  dinámica  en  la  que
están envueltos los mercados. En ausencia de esa actuación conjunta, de poco valdrá lo que se pueda avanzar, por separado y de manera descoordinada, en cada uno de los frentes. El avance europeo  es  absolutamente  imprescindible  para  que  los  esfuerzos  en  ajustar  las  economías nacionales  no  resulten  estériles.  El  progreso  en  esos  ajustes  es  igualmente  imprescindible  para
asentar el terreno sobre el que deben progresar las instituciones europeas.
Pero con el fin de no alargar este acto de presentación, y dado que  justamente la semana que viene se van a celebrar varias reuniones de estas instituciones europeas, yo les invito a adoptar como  hipótesis  de  trabajo  que,  finalmente,  en  esos  encuentros  se  adoptarán  las  decisiones necesarias para invertir la tendencia de los mercados.

Esta  hipótesis  sobre  qué  harán  las  instituciones  europeas  me  permite  terminar  hablando exclusivamente de nuestros problemas nacionales. ¿Qué debemos hacer los españoles para salir de  la  crisis?  Como  les  decía  al  principio  de  mi  intervención,  la  acumulación  de  tres  crisis
económicas,  y  en  especial  el  agravamiento  de  la  crisis  de  la  deuda  soberana,  hacen  que  la ejecución de la política económica precisa sea extremadamente difícil hoy, aunque el diagnóstico sobre lo que hay que hacer sea relativamente simple y conocido.

En la situación actual, lo más importante es acometer pronto una reforma ambiciosa de nuestras instituciones  laborales,  al  tiempo  que  se  continúa  avanzando  en  dos  frentes  de  capital importancia:  la  consolidación  presupuestaria  y  la  reestructuración  del  sistema  financiero.  En  los
dos  últimos  años  se  han  dado  pasos  de  calado  en  estos  dos  últimos  frentes,  pero  el  logro  de resultados completamente satisfactorios requiere perseverar en la senda reformista emprendida.

Comenzando  por  la  reforma  de  las  instituciones  laborales,  últimamente  se  han  tomado  algunas medidas,  pero  lo  cierto  es  que,  desde  el  inicio  de  la  democracia,  los  españoles  no  hemos  sido capaces  de  progresar  en  este  ámbito  mínimamente,  mientras  que    la mayoría  de  los  países
europeos  han  aprovechado  las  pasadas  tres  décadas  para  reformar  sus  respectivos  sistemas
laborales con el objetivo de alcanzar niveles superiores de flexibilidad y de protección del empleo, lo  que  se  conoce  como  flexiseguridad.  Durante  ese  tiempo  la  economía  española  se  ha modernizado   radicalmente   en   muchos   otros   ámbitos,   adoptando   marcos   regulatorios   y
actuaciones  comparables  a  los  de  las  economías  más  avanzadas:  supresión  de  barreras comerciales, liberalización en algunos sectores, privatizaciones, etc. Sin embargo, en el ámbito de nuestro mercado de trabajo, que se caracteriza por  generar altísimas cifras de paro durante las
crisis y también por su incapacidad para reducir las tasas de desempleo en las fases de auge, se ha mantenido la misma estructura institucional sin cambios sustanciales en treinta años. El coste para los trabajadores de esta resistencia a reformar ha sido la inseguridad tanto de los parados como la de los que tienen empleo pero temen perder su puesto de trabajo. La insensibilidad de los
crecimientos  salariales  a  la  situación  cíclica  y  a  la  productividad  genera  numerosos  efectos perversos.  El  primero  y  más  importante  es  que  el  ajuste  ante  las  perturbaciones  recae exclusivamente  sobre  el  empleo.  Pero  también  se  da    el  caso  de  que  los  crecimientos  de  los
salarios en determinados sectores o empresas pueden terminar siendo  muy inferiores a  los que podrían haber alcanzado si unas instituciones laborales más flexibles hubieran permitido mejorar la productividad en el seno de las empresas. Esto es lo que se observa al comparar la situación de los  trabajadores  españoles  con  la  de  los  trabajadores  de  aquellos  países  europeos  que  han
avanzado más en la flexiseguridad.

Por  todo  ello,  como  he  manifestado  tantas  veces,  es  necesario    abordar  una  reforma  de  las instituciones laborales de nuestro país que ponga las bases para reanudar la creación de empleo y recortar la tasa de paro desde las muy elevadas cifras actuales hasta niveles similares a  los de los países de nuestro entorno. Lo único que puedo añadir hoy es que ya no cabe aplicar un enfoque
gradual.  La  gravedad  de  la  situación  requiere  adoptar  cuanto  antes  una  reforma  que  acerque nuestro  marco  laboral  a  los  niveles  de  flexibilidad  y  seguridad  en  el  empleo  que  existen  en  la mayoría de los países europeos.
La  reforma  de  nuestras  instituciones  laborales  es  muy  necesaria  por  numerosas  razones.  En primer lugar por acabar con el drama personal y familiar que supone el desempleo. Pero también para  ayudar  a  la  reducción  del  déficit  público.  Es  elemental  que  un  mercado  que  funcione  más
eficientemente y que nos lleve a tasas de paro parecidas a las de otros países, permitirá reducir los costes del desempleo, que en España suponen alrededor de un 4% del PIB, y aumentará los ingresos públicos derivados de la imposición sobre la renta y sobre el consumo sin necesidad de aumentar los tipos impositivos. La reducción del paro y el aumento del empleo también son muy
importantes para el sistema bancario del que hablamos en este acto. En primer lugar, porque las tasas de desempleo elevadas acaban trasladándose a unos mayores niveles de morosidad. Y en segundo  lugar,  porque  la  reducción  del  paro  es  esencial  para  revertir  una  tendencia  que  está afectando  muy  negativamente  a  las  entidades  bancarias,  como  es  la  caída  de  la  demanda solvente de crédito, aunque se debe decir que en estos momentos, debido al agravamiento de la crisis soberana, los factores de oferta están jugando también un efecto contractivo en la reducción de crédito a familias y empresas que, como suele ser habitual en este tipo de episodios, afecta de
manera particular a las Pymes.

Pero lo más importante es que, como he señalado repetidamente, la reforma laboral, acompañada de  liberalizaciones  que  promuevan  entornos  más  competitivos,  es  la  única  posibilidad  que tenemos, en el contexto de la unión monetaria, para hacer una devaluación interna en un periodo relativamente corto. Esta reforma no tendrá efectos inmediatos, pero esta es justamente una razón
adicional para emprenderla cuanto antes. Sin esta reforma, la recuperación de la competitividad solo podría conseguirse a través de  un proceso extremadamente lento y penoso, que exigiría a muchos ciudadanos españoles un sufrimiento inaceptable y con negativas consecuencias más allá de las puramente económicas.

En  lo  que  se  refiere  a  la  política  presupuestaria,  la  reducción  del  déficit  es  una  condición absolutamente  necesaria  dada  la  actitud  de  los  mercados,  cuya  desconfianza  en  la  deuda soberana de los países del euro ha venido aumentando en las últimas semanas. Es verdad que en nuestro país se han tomado decisiones duras y difíciles, que han servido para reducir el déficit no
sólo en el corto plazo, sino también en el medio y largo plazo, como por ejemplo la reforma de las pensiones. Pero todavía queda un largo camino por recorrer que, como poco, exige cumplir en el año 2012 con el objetivo comprometido del 4,4% de déficit público, cualquiera que acabe siendo el cierre del presupuesto del presente año.

Finalmente  en  lo  que  se  refiere  a  la  reestructuración  financiera,  en  los  últimos  años  se  han producido en  España avances muy importantes, que  han permitido un notable saneamiento del sistema bancario -por  más  del 10% del  PIB en  los últimos tres  años  y medio-, un aumento del tamaño  medio  de  las  entidades,  una  reducción  de  la  capacidad  instalada  y  el  arranque  de  un
proceso de transformación  del sector de las cajas de  ahorros que ayudará a  estas entidades  a hacer  frente  a  las nuevas exigencias de la regulación  prudencial  y a reforzar  su capacidad para obtener financiación de los mercados. Sin embargo, como dije en septiembre pasado al presentar el balance de la recapitalización exigida por el real decreto ley de principios de año, el proceso de
reestructuración no se puede dar por completado. Aún más, en la medida en que, en las últimas semanas las previsiones económicas para 2012 se han visto drásticamente corregidas a la baja y que los problemas de financiación en los mercados mayoristas han empeorado para toda la banca europea,  la  presión  sobre  nuestras  entidades  de  crédito  se  ha  intensificado  y,  por  tanto,  las
necesidades  de  ajuste  y  reestructuración  financiera  no  sólo  se  mantienen  sino  que  se  han incrementado.

Durante  las  fases  de  expansión  el  mayor  peligro  es  la  complacencia.  La  complacencia  lleva  a pensar que no es necesario hacer reformas porque todo -el crecimiento, el empleo, los ingresos públicos- va  bien.  Pero  durante  las  fases  de  crisis,  el  mayor  peligro  es  la  fatiga,  cansarse  de emprender reformas porque éstas no tienen efectos visibles en el corto plazo.

Por  ello,  no  sólo  debemos  continuar  por  la  senda  emprendida  en  la  reestructuración  financiera, sino  que  debemos  estar  abiertos  a  la  posibilidad  de  acometer  las  acciones  adicionales  que  se consideren  necesarias.  No  obstante,  creo  que  independientemente  de  los  instrumentos  que
puedan  adoptarse  próximamente,  tanto  el  objetivo  como  los  principales  criterios  que  se  han seguido  en  los  últimos  años  deberían  mantenerse.  El  objetivo  es  claro  y  difícilmente  discutible: contar  con  entidades  sólidas  y  preparadas  para  contribuir  efectivamente  a  la  financiación  de familias  y  empresas.  Y  también  sería  útil  conservar  los  principales  criterios  utilizados  hasta  el momento  en  la  reestructuración  financiera.  Me  refiero  concretamente  a  la  anticipación  de  los problemas,  la  minimización  de  los  recursos  públicos  utilizados,  la  reducción  de  la  capacidad instalada,  la  condicionalidad  de  las  ayudas,  el  énfasis  en  el  saneamiento  de  los  balances  y  el fomento de la transparencia.

En  primer  lugar  es  muy  importante  anticiparse  a  los  problemas.  La  primera  obligación  de  un supervisor bancario es garantizar que las entidades de crédito que están operando sean solventes y  viables  en  cada  momento.  Pero  el  buen  supervisor  no  debe  limitarse  a  analizar  el  momento actual, sino que debe anticiparse a un posible escenario de inviabilidad que pudiera surgir en el
futuro e intentar reducir al máximo el número de problemas antes de que emerjan. Al explosionar la crisis, las 45 cajas de ahorro españolas eran todas solventes y viables en ese momento pero, anticipando  el  futuro,  se  podía  pronosticar  que,  aunque  algunas  de  ellas  estaban  muy  bien
gestionadas y mostraban una solidez fuera de toda duda,  muchas otras podrían acabar siendo inviables  en  unos  pocos  años  o  meses  si  se  tenía  en  cuenta  el  nuevo  escenario  económico  y financiero  que  había  desencadenado  la  crisis.  Por  eso  era  urgente  cambiar  la  legislación  de reestructuración  heredada,  que  estaba  pensada  para  la  resolución  de  crisis  puntuales,  no
sistémicas,  y  en  particular,  no  servía  para  gestionar  adecuadamente  la  reestructuración  de  las cajas. Por otra parte, la legislación entonces vigente descansaba en el uso de herramientas que fueron  muy útiles para resolver crisis en el pasado, pero que la unión  monetaria  prohibía utilizar ahora.  Por  ello  fue  importante  crear  instrumentos  como  el  FROB  que  permitieran  actuar
preventivamente,  antes  de  que  se  produjera  un  agravamiento  de  la  situación  que  pudiera  exigir una liquidación masiva de entidades y ello, no sólo por el coste de la liquidación, sino también por los efectos de contagio que se podrían haber producido sobre el conjunto del sistema financiero
español, especialmente en un momento de crisis bancaria mundial generalizada.

A  la  hora  de  examinar  las  posibles  fórmulas  de  reestructuración  financiera,  las  autoridades descartaron  algunas  que  sin  duda  podrían  haber  acelerado  el  proceso  de  reestructuración puramente  bancaria,  basándose  en  el  prudente  argumento  de  que  un  intenso  y  súbito empeoramiento  en  las  cuentas  públicas  en  medio  de  la  crisis  podría  conducir,  como  luego
efectivamente  sucedió  en  algún  otro  país  europeo,  a  que  la  supuesta  salvación  de  su  sistema bancario  acabara  llevando  al  país  al  borde  de  la  quiebra  y  finalmente  al  rescate.  Y  es  que  la contención del gasto público importa no sólo desde una perspectiva de medio plazo, sino que es
obligado  también  considerar  sus  efectos  en  el  corto  plazo,  dada  la  actual  vulnerabilidad  de  la deuda soberana en los mercados.

También es fundamental mantener el criterio de exigente condicionalidad a la hora de determinar las ayudas públicas, de manera que sólo las reciban aquellas entidades que ajusten su capacidad y consigan mejorar su eficiencia, lo que resulta más fácil cuando se aumenta su tamaño. Por otra parte,  es  verdad  que  cualquier  estrategia  que  incentive  a  las  entidades  a  buscar  soluciones
privadas  emplea  más  tiempo  del  que  se  necesita  para  acometer  una  intervención  pública generalizada en el sistema. Pero este sistema de incentivos, que ha exigido un trabajo inmenso por parte de todos,  no solo de la supervisión del Banco de España sino de muchos gestores de cajas  de  ahorro  que  han  hecho  posible  que  la  mayoría  de  las  entidades  hayan  acometido
voluntariamente procesos de integración y reestructuración, lo que no solo ha servido para reducir la aportación de los contribuyentes españoles, sino también para  aumentar su tamaño y reducir la capacidad total instalada, configurando un sistema bancario algo más preparado para afrontar la crisis que el que teníamos al inicio de la misma, aunque a todas las entidades les queda todavía
bastante camino por recorrer en la mejora de la eficiencia.

Es importante subrayar también que la clave de toda  reestructuración  es el saneamiento de  los balances.  “No  es  justo  que  nos  hayan  obligado  primero  a  sanearnos  y  luego  se  nos  exija recapitalizarnos” decía alguna de las críticas que ustedes han podido escuchar en el proceso de reestructuración de las cajas de ahorro.  Pues bien,  visto en perspectiva, hoy  creo que ya nadie entendería que no se hubiera empezado por cómo se hizo, por el saneamiento de activos, y que
después  se  abordara  la  recapitalización.  El  saneamiento  de  los  balances  no  es  "una"  de  las formulas posibles de reestructuración, sino un ingrediente indispensable de cualquiera de ellas.

Finalmente entiendo pero no comparto, la visión de los que ven peligroso obligar a las entidades a aumentar la transparencia en medio de una crisis. Estoy convencido de que, en la situación actual de general desconfianza en la que se mueven los mercados, la sospecha es siempre mucho peor que  la  realidad,  por  problemática  que  ésta  sea.  Aunque  se  debe reconocer  que,  a  pesar  del
aumento de la transparencia, todavía persisten algunas dudas sobre el grado de saneamiento de los  balances  de  nuestras  entidades.  Y  seguramente,  aunque  el  saneamiento  haya  sido  muy intenso,  también  es  cierto  que  una  insatisfactoria  evolución  económica  podría  obligar  a  realizar
esfuerzos adicionales en este sentido en el futuro.

En  todo  caso,  déjenme  terminar  reiterando  que  es  tal  la  velocidad  a  la  que  está  cambiando  el contexto económico en España, en Europa  y en el mundo durante estos últimos meses -incluso en estas semanas - , que  sería un grave error fijar criterios de manera rígida y cerrar las puertas a la posible incorporación de nuevas herramientas de reestructuración financiera que las cambiantes circunstancias  puedan  exigir  para  alcanzar  el  objetivo  final  que,  este  sí,  no  puede  ser  otro  que contar con entidades de crédito sólidas y dispuestas a atender eficazmente la demanda solvente
de financiación que soliciten las familias y empresas españolas.
Muchas gracias.