Introducción

Junto con agradecer al Banco Central de Bolivia por la invitación
para participar en esta Segunda Jornada Financiera, quisiera
felicitarlo por convocarnos a reflexionar e intercambiar
experiencias en materia de inclusión financiera.  Como comentaré
más adelante, este no es un tema ajeno para las autoridades
monetarias y financieras, por lo menos en los países en desarrollo,
independiente de cómo estén formulados o explicitados sus
respectivos mandatos legales.

América Latina, con diferencias entre países, ha experimentado
avances en materia de inclusión financiera en el curso de las
últimas décadas, en parte como resultado de su propio desarrollo
económico, sin embargo muestra todavía importantes brechas por
cerrar, especialmente cuando se efectúan comparaciones con las
economías maduras o incluso con otras economías emergentes. 
Por ello, el objetivo de la inclusión financiera adquiere en nuestra
región una particular relevancia.

Quisiera aprovechar esta oportunidad para compartir con ustedes
la experiencia de Chile, que puede aportar antecedentes de interés.
Partiré con algunas reflexiones más bien generales y conceptuales
sobre la materia; luego me referiré a la experiencia práctica de
Chile y, si el tiempo me lo permite, tocaré la experiencia más
general de América Latina, para finalizar con las lecciones que
todo ello deja y los principales desafíos por delante.

Contenidos, alcances e implicancias de la inclusión financiera

El concepto de inclusión financiera ha ganado fuerza en el curso
de los últimos años.  Algunos hablan de bancarización, otros de
micro-crédito o más ampliamente de micro-finanzas, otros de
banca al por menor o banca de consumo.  Son conceptos similares
y que en alguna medida se superponen, pero el de inclusión me
parece el más comprensivo y el más útil para el diseño de 3
políticas públicas.  Este engloba todos los esfuerzos e iniciativas
orientados a brindar acceso a los servicios financieros a quienes
permanecen al margen de ellos y también las acciones tendientes
a mejorar la calidad de dicho acceso.

La exclusión o inclusión admite grados o matices.  Están, por un
lado, aquellos que cuentan con un acceso sin mayores
limitaciones, bajo términos y condiciones razonables. Están, por
otro, aquellos que carecen completamente de servicios financieros
formales.  Pero entre medio están los que tienen un acceso parcial,
incompleto o no del todo satisfactorio.  La inclusión financiera
consiste en primer lugar en brindarle acceso a los que no lo
tienen, pero también se refiere al mejoramiento o
perfeccionamiento del acceso para aquellos que están todavía a
mitad de camino.

La inclusión financiera es un concepto de aplicación

prácticamente universal.  En todos los países, incluso en los más
avanzados, hay brechas por cerrar.  Sin duda, los desafíos varían
de un país a otro, dependiendo entre otros elementos del nivel de
desarrollo alcanzado.  No es lo mismo hablar de inclusión
financiera en Estados Unidos, que hacerlo en alguno de nuestros
países, en Sudáfrica o en Bangladesh.  En las economías
avanzadas, los segmentos sin acceso a los servicios se reducen por
lo general a los extremadamente pobres o bien a grupos acotados
como, por ejemplo, los inmigrantes que carecen de
documentación o de historial crediticio.  En las economías
emergentes, en cambio, las tareas son de mayor alcance y
profundidad porque todavía existe una fracción importante de la
población parcial o totalmente excluida de las prestaciones.
Más de alguien podría discutir la conveniencia de plantearse
objetivos de inclusión financiera en países de ingresos muy bajos
o para grupos de la población extremadamente pobres.  El
argumento sería que, en esas circunstancias, los esfuerzos deben
estar dirigidos a satisfacer las necesidades básicas de 
alimentación, abrigo y salud y por lo tanto, que los servicios
financieros no constituyen una prioridad para las políticas 4
públicas.  Un excelente libro titulado “Los portafolios de los
pobres” publicado en 2009 y cuya lectura recomiendo mostró que
esta es una visión equivocada.

Los autores de esta publicación dan cuenta, tras un estudio de
campo muy completo, que las prácticas financieras de los pobres,
no obstante la estrechez de sus recursos, son muchos más
intensas, sofisticadas y variadas que lo que se supone
normalmente.  La gama de instrumentos utilizados es amplia y las
decisiones adoptadas están basadas en consideraciones de riesgo,
previsión y seguridad, como ocurre en los mercados financieros
avanzados.  El desafío para las políticas públicas, según se
desprende de este trabajo, es generar las condiciones para que los
pobres cuenten también con proveedores formales. 

La inclusión financiera no debe ser asociada con objetivos o
políticas de asistencia social.  Tiene sin duda implicancias
sociales, pero sus beneficios económicos son también evidentes. 
Los servicios financieros amplían las posibilidades de ahorro y
consumo de los hogares.  Permiten una mejor inserción
productiva de las personas.  Conducen a un mejor
aprovechamiento de los talentos empresariales y de las
oportunidades de inversión.

Para generar los efectos positivos esperados, la inclusión
financiera debe descansar sobre bases sólidas.  Ello supone la
existencia de una cultura de responsabilidad.  Por el lado de los
proveedores, esto se debe traducir en buenas prácticas
comerciales, mucha transparencia y, sobre todo, en una adecuada
contención de los excesos.  El peor de todos ellos es el
sobreendeudamiento de las personas.  El crédito es un muy buen
instrumento, pero mal aplicado puede generar mucho daño.  
Por el lado de los clientes, un elemento fundamental es la
educación financiera, que no se reduce a la simple entrega de
información sobre los productos y servicios ofrecidos y sus
tarifas.  Todo ello es muy necesario, pero la educación financiera
debe ir mucho más allá.  Es una tarea que debe comenzar en las
escuelas y proseguir en las universidades.  Es por tanto una tarea
conjunta para las autoridades educacionales y financieras.  Su
objetivo último debe ser promover conductas de responsabilidad
financiera en la población.

Otro punto clave es que los esfuerzos deben orientarse a proveer
no sólo micro-créditos o créditos de consumo, sino un conjunto
equilibrado de productos y servicio que cubran las necesidades en
materia de ahorro, pagos, financiamiento y seguros.  Durante
algún tiempo se pensó que el microcrédito era un instrumento
mágico para aliviar la pobreza y promover el desarrollo, pero esta
visión ha quedado atrás.  

En la mayoría de los países, la tecnología ha sido y seguirá siendo
un importante aliado de la inclusión financiera.  Los enormes
progresos observados en los ámbitos de la informática y las
comunicaciones han revolucionado las prestaciones y han
reducido los costos.   Todo ello ha  facilitado la masificación de
los servicios, especialmente en las economías emergentes.  Por
otro lado, las nuevas tecnologías de evaluación de riesgos, como
el credit scoring y otras metodologías similares, han permitido
flexibilizar las políticas de créditos.  Los tradicionales criterios
basados en avales y garantías reales han abierto paso al uso de
modelos estadísticos o probabilísticos sobre el comportamiento de
los clientes, lo que facilita la incorporación de nuevos segmentos
de la población.

Para los bancos, la inclusión financiera representa una
oportunidad, porque conduce a la ampliación de su base de
clientes y a una expansión de sus volúmenes de actividad.  El
desarrollo económico traerá consigo automáticamente avances en
inclusión, pero bien vale la pena tomar la iniciativa y adelantarse.  6
Invertir en los clientes del mañana puede ser muy rentable si la
evaluación se hace con un horizonte de mediano o largo plazo.
Las autoridades financieras, banqueros centrales y supervisores,
cumplen roles que se relacionan directa o indirectamente con la
inclusión financiera, más allá de lo que sus mandatos legales
establezcan formalmente.  Por de pronto, la estabilidad monetaria
y financiera que deben perseguir los bancos centrales es una
condición necesaria para que la inclusión financiera avance y se
consolide.  A su vez, la inclusión puede reforzar la estabilidad del
sistema financiero, por la vía de ampliar la base de depositantes y
ahorristas.  Una de las  lecciones de la crisis financiera de estos
años es que los bancos deben apoyarse más en los depositantes
pequeños que en los grandes o muy grandes.  Los primeros son
normalmente relativamente estables, mientras que éstos últimos
tienden a moverse con mucha facilidad de una institución a otra o
de un país a otro, lo que le confiere al sistema cierta
vulnerabilidad.  

Por otro lado, las regulaciones financieras, establecidas por los
bancos centrales o los supervisores, pueden tener importantes
implicancias para la inclusión financiera.  Las regulaciones
conllevan beneficios, pero pueden imponer costos y generar
dilemas difíciles de dilucidar.  Las normas y políticas de
“conocimiento del cliente”, por ejemplo, pueden limitar la
posibilidad de cubrir a los inmigrantes puesto que carecen
normalmente de antecedentes para una adecuada identificación. 
En esa misma línea, la política de fijar un límite al cobro de
intereses plantea también un dilema complejo.  Por un lado,
brinda protección a los consumidores, pero por otro puede
restringir el acceso.  En general, las regulaciones deben ser objeto
de una cuidadosa evaluación por parte de las autoridades, de
manera de reducir sus potenciales efectos adversos. 

La experiencia de Chile 

Chile puede exhibir logros y avances importantes en materia de
inclusión financiera en el curso de las últimas décadas, sin
perjuicio de reconocer importantes tareas pendientes y desafíos. 
En el ámbito bancario, varios productos y servicios han alcanzado
un alto grado de penetración en la población (gráfico 1). Se
destacan, en primer lugar, las cuentas de ahorro, que han tenido
desde hace tiempo una cobertura muy amplia.  Otro instrumento
que ha ganado terreno en los últimos años es la tarjeta de débito,
asociada a una cuenta bancaria a la vista que opera sin cheques. 
La cuenta corriente, que es el servicio tradicional de los bancos,
no ha logrado el mismo grado de cobertura.  Ello se explica
principalmente por sus costos de operación.  La cuenta bancaria
que funciona exclusivamente con tarjeta de débito es un
instrumento que cumple objetivos similares, pero tiene costos
muchísimos más bajos.  Ello ha permitido su masificación en un
período relativamente corto de tiempo.

En cuanto a las operaciones de crédito, los avances observados
han sido graduales y se han concentrado en segmentos medios y
altos de la población.  Las cifras sugieren que el sistema bancario
ha enfrentado ciertas limitaciones o restricciones para llegar con
este servicio a un universo más amplio de la población.  

La masificación de las prestaciones ha ido de la mano con una
importante expansión y modernización de la infraestructura
financiera (gráfico 2).  La red de oficinas bancarias ha crecido y el
parque de cajeros automáticos se ha extendido.  El número de
establecimientos afiliados a los sistemas de tarjetas de crédito
bancarias también ha crecido en forma considerable (gráfico 3). 
A ello se agrega que la banca electrónica ha penetrado con fuerza. 
Todo ello ha permitido que el cheque sea gradualmente sustituido
por otros medios, con el consiguiente impacto sobre los costos y
la eficiencia (gráfico 4).

Si bien el foco de los bancos ha estado en el desarrollo de la
banca de consumo, algunas instituciones han ido más allá y han
creado programas especializados en micro-crédito productivo, lo
que conlleva desafíos especiales. También merecen mención dos
iniciativas implementadas por Banco Estado, un banco comercial
de propiedad estatal.  La primera es el programa de cuenta
universal, que otorga facilidades para la apertura de una cuenta
para fines de transacción al conjunto de la población y que ha
comenzado a ser utilizado para la entrega de determinadas
prestaciones sociales o subsidios por parte del Gobierno.
 La segunda es el denominado programa “CajaVecina” que opera
como un sistema de corresponsalía bancaria en lugares apartados
del territorio nacional transformando un establecimiento
comercial en una caja bancaria virtual.
El espacio dejado por la industria bancaria, particularmente en el
ámbito del crédito, ha sido cubierto por proveedores no bancarios. 
Los que han llegado más lejos en este sentido son los sistemas de
tarjetas de crédito de las casas comerciales. Estos proveen un
instrumento de pago y crédito que permite efectuar transacciones
no sólo en los comercios relacionados con el emisor, sino también
en otros establecimientos afiliados.  Se trata, por tanto, de un
producto bastante parecido al ofrecido por los bancos.  Las cifras
de tarjetas emitidas por estos emisores son bastante significativas
y exceden con creces a las otorgadas por la industria bancaria.  En
los segmentos de bajos ingresos, estas tarjetas son reconocidas
como el principal medio de pago después del dinero efectivo.
A las casas comerciales se agregan, como proveedores de
servicios, las cooperativas de ahorro y crédito y las cajas de
compensación que prestan servicios de bienestar a los
trabajadores asalariados. 

  A fines de 2010, Banco Estado contaba con más de 4.500 puntos de “CajaVecina”.9
más de un millón de personas, y estas últimas reportan alrededor
de dos millones de créditos sociales.  Más atrás habría que ubicar
a otros proveedores de micro-crédito no regulados, muchos de los
cuales operan bajo el amparo de fundaciones u organismos no
gubernamentales, con un enfoque de combate a la pobreza.
La importancia relativa del conjunto de proveedores no bancarios
ha adquirido bastante significación (gráfico 5).  En la actualidad,
explican cerca del 50% del monto total de créditos de consumo
otorgados.  Pero quizá su relevancia se advierte con mayor
claridad al considerar el porcentaje de la población adulta que es
cubierta por estos proveedores.  Según la encuesta financiera de
hogares realizada por el Banco Central en 2007, el 64% de los
hogares registraba créditos de consumo de variadas fuentes, pero
sólo el 24% tenía operaciones con bancos.  La diferencia era
cubierta por instituciones no bancarias, particularmente casas
comerciales.  Al desagregar las cifras por estrato de ingreso se
observa, además, que la presencia de los proveedores no
bancarios y, particularmente, de las casas comerciales es bastante
similar en todos ellos, mientras que las prestaciones bancarias
tienden a concentrarse en los estratos más altos (gráfico 6).
Las entidades no bancarias están sujetas a distintas disposiciones
normativas.  Las cooperativas, que captan depósitos del público,
están sometidas a la Ley General de Cooperativas y a normas
dictadas por el Banco Central.  La  fiscalización de las más
pequeñas la ejerce una unidad especializada del Gobierno y la de
las más grandes, la SBIF.  Este es un modelo que en general ha
funcionado bien.  Las casas comerciales están supeditadas a la ley
de mercado de valores en la medida que emiten títulos de oferta
pública.  Adicionalmente, en su calidad de emisores de tarjetas de
crédito, se les aplica un marco de regulación y fiscalización,
distinto al de los bancos, cuyo foco de preocupación es el buen
funcionamiento del sistema de pagos.  

En meses recién pasados, una casa comercial emisora de tarjetas
se ha visto envuelto en una grave crisis provocada por prácticas
de crédito reñidas con la ley de protección de los consumidores y 10
con ilícitos contemplados en la ley de mercado de valores.  Si
bien los efectos sistémicos han resultado acotados, los daños para
consumidores e inversionistas han sido apreciables.  Todo ello ha
planteado la necesidad de revisar las normas que regulan el
funcionamiento de los proveedores no bancarios de crédito y, en
particular, las que se aplican a las casas comerciales.

Por disposición de la ley, el cobro de intereses está sometido a
ciertos límites, que varían según el plazo y el monto de las
operaciones.  Las tasas son pactadas por las partes, pero no
pueden superar los niveles máximos autorizados, los que se
ajustan mensualmente de acuerdo a las condiciones de mercado. 
Todo ello rige para proveedores tanto bancarios como no
bancarios.  Si bien los efectos de este tipo de regulaciones son
materia de discusión, en el caso de nuestro país, su aplicación
mediante un diseño bastante flexible no ha sido una restricción
severa para avanzar en la incorporación de nuevos sectores a los
servicios financieros, como lo demuestran las cifras.  Sin
perjuicio de ello, el Gobierno ha enviado recientemente un
proyecto de ley que busca reducir el límite máximo para las
operaciones de menor tamaño, que es el relevante para la inmensa
mayoría de las personas naturales, aduciendo que se ubica en
niveles demasiado altos.  

Hasta hace pocos años, las operaciones financieras estaban
sometidas a dos impuestos especiales, que afectaban con
particular intensidad a las personas y las pequeñas empresas.  Uno
 El denominado interés máximo convencional se aplica separadamente para distintas
operaciones de crédito y se obtiene recargando el interés corriente o promedio del
sistema bancario en un 50%.  La tasa máxima para operaciones de consumo por montos
inferiores a un equivalente del orden de US$ 8.000 y pagaderos en cuotas mensuales
que regía en agosto pasado ascendía a 50,46%.  Este límite se aplica a las operaciones
tanto bancarias como no bancarias.

 El proyecto reduciría el recargo sobre el interés corriente o promedio del 50% al 35%. 
Según proyecciones del Ejecutivo, por ese solo concepto, la tasa máxima bajaría del
50% al 45%, pero luego, por efectos de segundo vuelta, podría llegar a un nivel del
orden del 36%.  era el impuesto que gravaba a las transacciones bancarias,
perfeccionadas mediante cheques o movimientos electrónicos. El
otro era un impuesto al crédito que se devengaba y pagaba al
momento de su desembolso.

El primero de estos gravámenes fue eliminado completamente en 2008,
mientras que el segundo vio reducida su tasa permanente de aplicación en
2010.  Estas dos iniciativas han sido positivamente evaluadas desde la perspectiva
de la inclusión financiera.

Recientemente, el Gobierno ha propuesto la creación de un
registro consolidado de información sobre endeudamiento de las
personas, que cubriría no solo las operaciones bancarias,
actualmente comprendidas en un registro especial, sino todas las
operaciones relevantes de crédito.  De materializarse, este sería un
paso muy importante para asegurar el buen funcionamiento del
mercado del crédito y para promover una sano proceso de
inclusión financiera.

En una dimensión distinta, pero también relevante, es necesario
reconocer los logros y avances del sistema de pensiones, que
registra en la actualidad un total de 8,7 millones de afiliados.  A
través de un régimen de carácter obligatorio, ha brindado acceso a
muchas personas a los servicios financieros relativamente
sofisticados, como la gestión de fondos en instrumentos del
mercado de capitales, las rentas vitalicias y los seguros de vida. 
En esa misma línea, con cifras de cobertura y penetración algo
menores, pero significativas considerando el desarrollo del país,
están los fondos mutuos y las compañías de seguros de vida.

  Al momento de su derogación en octubre de 2008, este impuesto gravaba con una
suma fija de $ 163 (equivalente a US$ 0,3) todos los cargos sobre las cuentas corrientes
u otras cuentas bancarias a la vista, originados por el cobro de un cheque, un giro a
través de un cajero automático u otros medios, incluyendo transacciones electrónicas.
 Este impuesto grava los instrumentos y documentos que contengan operaciones de
crédito de dinero a plazo con una tasa de 0,05% sobre su monto, por cada mes o
fracción que medie entre la emisión del documento y la fecha de vencimiento del
mismo.  En todo caso, la tasa efectiva a pagar no puede exceder el 0,6% del monto del
crédito, lo que implica que su aplicación es por el plazo de hasta un año.  En el pasado,
este impuesto ascendió al 0,1% mensual con un límite de 1,2%.12
primeros cuentan en la actualidad con alrededor de 1,5 millones
de partícipes.  Por su parte, las compañías de seguros exhiben
índices de densidad o penetración de los seguros que se comparan
muy favorablemente con los de otros países latinoamericanos.
Con todo, las tareas pendientes son múltiples.  Los grupos de
menores ingresos reciben una atención parcial e incompleta del
sistema bancario.  Algunos segmentos, como los trabajadores por
cuenta propia y los inmigrantes, ven limitado o restringido el
acceso a los servicios por la propia naturaleza de sus actividades o
por la falta de documentación.  Las tasas de interés son en general
bastante altas.  A éstas se agregan, por lo general, comisiones y
cobros por seguros de crédito, lo que encarece aún más las
operaciones.  Las pequeñas empresas suelen enfrentar exigencias
de garantías que resultan difíciles de satisfacer y modalidades de
financiamiento que no siempre guardan relación con la realidad
de sus negocios.  El sistema de protección de los consumidores de
productos financieros, si bien ha mejorado, requiere nuevos
perfeccionamientos.  En general, la relación entre proveedores y
clientes se muestra bastante asimétrica, entre otras razones, por
falta de información y educación financiera de parte de estos
últimos.

Experiencias en América Latina

Con matices y variantes entre países, América Latina muestra
experiencias similares en materia de inclusión financiera.  En la
mayor parte de la región se han observado avances, especialmente
en el curso de la última década.  Algunos países han avanzado
más rápido, mientras otros lo han hecho más lento que el
promedio, pero en todos ellos sin excepción existen segmentos de
la población que permanecen al margen de los servicios
financieros o reciben una atención parcial o no completamente
satisfactoria.  Las diferencias entre países se explican solo
parcialmente por diferencias en el grado de desarrollo, lo que
sugiere que existe espacio para avanzar mediante la aplicación de
buenas políticas públicas.

Cifras agregadas muestran que la actividad bancaria se ha
expandido en forma importante en el curso de la última década,
en un entorno económico y financiero relativamente favorable
para la región, más allá de los efectos transitorios provocados por
la crisis financiera originada en los países desarrollados. La
relación entre el crédito bancario y el PIB alcanzaba al 40% en
1980.  Durante los años 80 y 90, marcados por la inestabilidad y
un mediocre crecimiento económico, los avances fueron muy
lentos.  En los últimos diez años, en cambio, esta relación se
elevó con rapidez pasando del 47% en 2000 al 67% en 2009
(gráfico 7).

Pese a estos avances, las cifras de la región son relativamente
bajas a nivel mundial.  Las diferencias respecto de las economías
maduras no requieren explicación, pero sí llaman la atención las
que se han generado respecto del Asia emergente.  A principios
de los años 80, los indicadores de ambas regiones eran similares,
pero en las tres décadas siguientes se generó una brecha creciente,
que se relaciona principalmente con sus respectivos
comportamientos económicos.  Lo cierto, en todo caso, es que las
cifras sobre profundidad financiera del Asia emergente doblan
actualmente a las de América Latina.

También es importante señalar que, en la inmensa mayoría de
nuestros países, los indicadores de crédito bancario respecto del
PIB son no solo relativamente bajos, sino además menores de lo
que correspondería considerando el nivel de desarrollo alcanzado,
medido a través del producto per cápita (gráfico 8).  Aparte de la
incidencia del comportamiento macro-económico y financiero en
las últimas décadas, ello podría estar relacionado con la desigual
distribución del ingreso que ha caracterizado a la región.
Indicadores más específicos de cobertura no son abundantes en la
región, pero los disponibles tienden a confirmar el diagnóstico
antes mencionado.  Los depositantes y los beneficiarios de
crédito, en relación con la población adulta, han tendido a
aumentar. También ha mejorado la infraestructura para la
provisión de los servicios, lo que se refleja en un incremento en el 14
número de oficinas bancarias y en una expansión del parque de
cajeros automáticos. Como es habitual, los depositantes exceden a
los deudores, pero los diferenciales resultan en varios casos
significativos o llamativos, lo que podría sugerir ciertas
restricciones de acceso al crédito, incluso para clientes a los que
se les proveen cuentas de ahorro o transacción. Todos estos
antecedentes confirman la visión de que en materia de inclusión
financiera existen importantes tareas pendientes en la región
(gráficos 9 al 12).

Lecciones y desafíos por delante

Me referiré a continuación a las lecciones que pueden ser
extraídas de estas experiencias y los desafíos por delante.
La inclusión financiera es un objetivo de política pública que
reviste sin duda prioridad.  Por lo mismo, es un tema que debe
estar presente en la agenda de las autoridades del sector
financiero.  Quizá no es estrictamente necesario entregar un
mandato explícito a una determinada agencia pública, pero sí es
importante que todas las autoridades que se relacionan con el
sistema financiero incorporen en sus decisiones y acciones esta
dimensión del desarrollo financiero.
Los bancos centrales deben perseverar en sus objetivos de
estabilidad monetaria y financiera porque ello es condición
necesaria para avanzar y consolidar los logros en estas materias. 
La experiencia de nuestros países es muy clara en ese sentido.  
Por otro lado, en el ejercicio de su función normativa, las
autoridades monetarias deben prestar atención a las regulaciones
que se establezcan y evaluar las implicancias que éstas tienen para
la inclusión financiera.  Esto último vale también para los
supervisores financieros.

Sin perjuicio de lo anterior, los proveedores no bancarios deben
contar con un adecuado marco de regulación y fiscalización.  De 15
lo contrario se asumen riesgos muy altos.  En todo aquello que se
refiere a la relación entre proveedores y clientes, las normas
deben ser similares a las que se aplican al sistema bancario.  No
existen buenas razones para establecer diferencias en esta materia. 
Ello puede constituirse en un desafío si la fiscalización es ejercida
por distintas instituciones públicas.  Si éste es el caso, las
autoridades responsables deberán coordinarse adecuadamente.
Donde sí procede establecer diferencias es en materia de
regulación prudencial.  Esta última debe considerar
necesariamente la relevancia de las distintas instituciones
proveedoras de servicios para la estabilidad del sistema financiero
en su conjunto.  En todo caso, se debe reconocer que la
importancia de las instituciones no bancarias ha ido aumentando
con el transcurso del tiempo, de manera que una permanente
vigilancia sobre sus actividades y sus potenciales impactos para el
sistema en su conjunto parece muy conveniente.
También es importante revisar el conjunto de instituciones
jurídicas que se relacionan directa o indirectamente con el
ejercicio de la actividad financiera y promover mejoras y
perfeccionamientos tendientes a facilitar la inclusión financiera.
En un plano más concreto, es clave continuar reduciendo los
costos de las prestaciones y, en general, aumentando la eficiencia
del sistema financiero.  Ello es condición necesaria para llegar a
nuevos segmentos de la población con tarifas razonables.  En esa
línea, una iniciativa que comienza a visualizarse hacia delante es
el uso de la telefonía celular como instrumentos para materializar
operaciones, lo que podría reemplazar a los plásticos.  También es
muy importante perfeccionar los sistemas de información para el
otorgamiento de crédito, conocidos como bureaus de crédito.  
Para construir sobre fundamentos sólidos se requiere, además,
promover una cultura de responsabilidad.  Por el lado de los
proveedores, el desafío es crear estándares y códigos de conducta
que eviten los excesos.  Por el lado de los clientes, una tarea de primer orden es la educación financiera que debe partir desde las escuelas.  
Finalmente, se requieren perfeccionamientos en materia de
protección de los consumidores, pero ésta debe ser entendida
como un complemento y no como un sustituto de lo que deben
hacer los proveedores y los clientes.  Un exceso de regulación en
esta materia no es una solución óptima y puede reflejar que no se
ha tenido suficiente éxito en inducir cambios en el
comportamiento de las partes directamente involucradas. 

Muchas gracias por su atención.