Madrid, 6 may (.).- El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado el recurso del expresidente del Banco Popular (BME:POP) Ángel Ron contra su procesamiento por estafa y falsedad contable en la ampliación de capital de 2016, al entender que hubo una alteración contable de naturaleza delictiva.
En un auto fechado este lunes al que ha tenido acceso EFE, el magistrado responde al recurso de Ron, que el pasado mes de marzo recurrió su procesamiento y defendió que durante su mandato la entidad cumplió siempre las ratios de capital y liquidez, no existiendo incumplimiento regulatorio de ningún tipo.
Ahora, el juez considera que la operación se aprobó "sin poner a disposición de los consejeros un estudio detallado que explicara de dónde venía la necesidad de ampliar capital por ese importe, y no por más o por menos".
El presidente del consejo no es una figura "ornamental o meramente representativa", sino el máximo responsable de la administración del banco, añade el auto, por lo que la responsabilidad de Ron es inherente a su cargo.
Otro de los argumentos de Ron se refería al visto bueno dado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España a la ampliación de capital, a lo que Calama responde que "este juzgado no ha investigado a los supervisores -Banco de España, CNMV, Banco Central Europeo (BCE)-, sino la actuación del Banco Popular en relación con las importantes alteraciones de su contabilidad".
A su juicio, dichas alteraciones "tienen naturaleza delictiva, y conllevaron la presunta estafa de los inversores que acudieron a la ampliación de capital de 2016".
"Ampararse en la denominada supervisión prudencial no puede conllevar la impunidad de los incumplimientos legales, como una especie de taumaturgia sanadora de los mismos", añade Calama, que explica que "de ser así, el sistema financiero quedaría sujeto a una inseguridad jurídica y se desmoronaría como un castillo de naipes".
En marzo, el juez acordó llevar a juicio a Ron, a otros doce directivos y a la consultora PwC por delitos de estafa a los inversores y falsedad contable en la ampliación de capital de 2016.
Asimismo, el juez destaca que "nada tiene que ver" el resultado de la valoración de los activos del banco llevado a cabo por el BCE con las inspecciones "in situ" que se efectuaron en el banco.
En su defensa, Ron defendió que entre el conjunto de expertos independientes que fueron contratados para trabajar en la ampliación de capital se contó con los servicios del despacho Linklaters, que designó para ello al que posteriormente sería presidente de la CNMV, Sebastián Albella.
Sobre esto, Calama indica que "sin dudar de su prestigio profesional, la intervención de Albella podemos calificarla como discreta y muy discutible".
El juez concluye indicando que “la posible responsabilidad de los miembros del consejo de administración por adoptar un acuerdo que pretende reforzar la solvencia de un Banco parece algo contradictorio”, algo cuestionable "si los consejeros adoptan el acuerdo sobre unas cuentas expresamente alteradas para ofrecer una imagen distinta a la real".