Madrid, 8 may (.).- El grupo parlamentario de Sumar en el Congreso va a presentar un recurso contencioso administrativo contra el Banco de España por negarse a proporcionar el desglose por bancos de la cantidad que les pagó en 2023 y 2022 en concepto de intereses por los fondos que depositaron en la facilidad de depósito.
La facilidad de depósito es un instrumento de política monetaria que permite a las entidades financieras realizar depósitos a un día en los bancos centrales nacionales y recibir una remuneración al tipo de interés establecido por el Banco Central Europeo (BCE).
En 2023, la remuneración que recibieron los bancos por su facilidad de depósito alcanzó los 7.805 millones de euros, frente a los 1.215 millones de 2022, según la respuesta del Banco de España a una pregunta escrita de Sumar.
Sin embargo, su portavoz económico, Carlos Martín, ha exigido que el Banco de España le facilite el desglose por entidades de esa cantidad, a lo que el supervisor se niega con el argumento de que esa información está "sujeta a la obligación de secreto profesional".
En su comparecencia de este martes en el Congreso, el gobernador del Banco de España explicó que no podía hacer públicos esos datos porque, según la ley, son propiedad del BCE, y porque él debía cumplir su "deber de confidencialidad".
No obstante, apuntó que existe la posibilidad de solicitar una "sesión secreta para materias clarificadas" o de pedir el "plácet al BCE" para su difusión.
Las explicaciones no convencieron al portavoz de Sumar, que ha confirmado a EFE la presentación del contencioso.
A su juicio, "no es comprensible que el Banco de España no proporcione información sobre la importante transferencia de recursos públicos que la remuneración de su facilidad de depósito está generando para los bancos privados".
"Esta información debería facilitarse desagregada por entidades de crédito, al igual que ocurre con las subvenciones públicas o como hace la EBA (Autoridad Bancaria Europea), que facilita información detallada para cada banco, incluso de los salarios que perciben sus altos ejecutivos", señala el diputado.
Para Carlos Martín, no hay que olvidar que se trata de entidades que operan "gracias a la concesión pública de poder generar crédito de la nada", lo que, en su opinión, obliga al regulador a "poner a disposición de los ciudadanos información clara, transparente e individual sobre cada una de las entidades que supervisa".