Bogotá, 14 may (.).- Los conflictos sociales en el sector minero-energético en Colombia aumentaron un 46 % en 2023 con respecto al 2022, informó este martes la Defensoría del Pueblo, que advirtió que la mayoría de demandas de la gente tienen que ver con derechos laborales.
La Defensoría registró 41 eventos más en comparación con el 2022, cuando se presentaron 89 en todo el país.
"En el sector de hidrocarburos, minería y energía eléctrica, nuestra Defensoría Delegada para la Prevención y la Transformación de la Conflictividad Social registró el año anterior un aumento del 46 % de eventos, cuando se presentaron 130, en comparación con el 2022, cuando fueron registrados 89", dijo el defensor del pueblo, Carlos Camargo, durante la presentación del informe de conflictos socioambientales en el sector minero-energético.
Las principales demandas de los manifestantes estuvieron relacionadas con derechos laborales, contratación de mano de obra local, bienes y servicios (33 %); conflictos ambientales (32 %), y regulación, formalización y control de actividades mineras (11 %).
También la presencia e inversión estatal (8 %); múltiples demandas que involucran a las empresas y al Estado (8 %); respeto de los derechos a la identidad, autonomía y la participación de las comunidades en entornos de proyectos minero-energéticos (7 %), y otros (1 %).
Chocó y La Guajira
El informe resalta la existencia de conflictos ambientales por explotación de hidrocarburos y su afectación a fuentes hídricas, lo que ha impactado la vida y los derechos de campesinos y pescadores de la región del Magdalena Medio.
En el caso específico del departamento del Chocó, los conflictos se gestaron en torno a la explotación aurífera y del cobre. Se evidenciaron inconformidades por el impacto ambiental producido, y al mismo tiempo surgió el reclamo de los mineros tradicionales para que se les permitiera participar en esa actividad como medio de subsistencia.
Por otro lado, en el departamento caribeño de La Guajira, el documento centró su análisis en las preocupaciones de la comunidad en relación con la falta de claridad sobre cómo se abordarán los pasivos ambientales de los proyectos que se encuentran en fase de cierre.
"En el escenario del cambio climático y la transición energética, es prioritario analizar el panorama nacional y local de la conflictividad social minero-energética, con el objetivo de prevenir el escalamiento de los conflictos y garantizar los derechos colectivos y ambientales, los derechos de los sujetos de especial protección constitucional y comunidades vulnerables, además los de los habitantes de distintos territorios", afirmó Camargo.
La Defensoría reconoció que el sector minero-energético es importante para el desarrollo económico del país, pues por los recursos que genera, en muchas ocasiones se configuran focos de conflictos sociales por la reiterada demanda de inversión social para las comunidades y de garantías laborales para los trabajadores.
"Hago un llamado para que las autoridades nacionales y regionales fortalezcan las actividades de monitoreo y seguimiento a la conflictividad social en el sector, con el fin de que todas las partes en los conflictos sean identificadas, escuchadas, que siempre sea el diálogo el mecanismo para la gestión y transformación de los conflictos", indicó Camargo.